México es un país que un gran porcentaje de sus ciudadanos desconfían en las instituciones, públicas y privadas, así lo demuestran varias investigaciones realizadas en los últimos diez años. Destacan las que se hicieron en los años 2005, 2008 y 2013 por los doctores Michael D. Layton y Alejandro Moreno a través de la encuesta nacional sobre filantropía y sociedad civil, el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México publicado por el Instituto Nacional Electoral en 2014 y las mediciones que ha hecho Consulta Mitofskky desde el año 2008 al respecto.
Al enfocarnos en el marco normativo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), en específico de las asociaciones civiles (A.C.), encontramos que la bondad que brinda para facilitar el asociativismo de las personas puede ser aprovechada por grupos que no necesariamente comulgan con los principios y valores que rigen a nuestra sociedad.
La explotación de esta figura legal ha derivado en la creación exclusiva de asociaciones civiles dedicadas a la obtención de fondos públicos o para hacer de sus asociados y dirigentes una manera de obtener ingresos como alternativa al autoempleo. Precisamente por casos como estos miles de asociaciones civiles que de manera legítima y altruista realizan programas y proyectos en beneficio de sus comunidades, han sufrido las consecuencias de una opinión pública que generaliza las acciones negativas de una minoría.
Desde este contexto, nuestros legisladores han tratado de idear mecanismos que pongan fin a los abusos y que promuevan el uso eficiente de los recursos que se destinan a las organizaciones de la sociedad civil con estatus de donatarias autorizadas.
A partir de sus propuestas, se han implementado nuevas reglamentaciones para fiscalizar los recursos que se reciben, aunque esto también se enmarca en una estrategia general para la tributación correcta del sector empresarial.
Dentro de las últimas noticias que ha publicado el Servicio de Administración Tributaria para el sector se encuentra la siguiente del mes de marzo de 2017:
El SAT inicia revisiones en materia de lavado de dinero. La confianza ciudadana que ya tienen las organizaciones no gubernamentales se fortalece con estas verificaciones.
En virtud de una evaluación que realizó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a las organizaciones no gubernamentales se les considera un sector vulnerable.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el propósito de evitar que las organizaciones no gubernamentales sean utilizadas indebidamente en actividades de lavado de dinero y tengan elementos que les permita mantener la confianza ciudadana, inició un programa de revisiones, en el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
En la evaluación, el GAFI identificó que algunas organizaciones no gubernamentales (organizaciones sin fines de lucro) son un sector vulnerable, pues tomando en cuenta que disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de fondos y con frecuencia tienen una presencia global que ofrece un marco para operaciones y transacciones nacionales e internacionales.
En virtud de ello, el SAT inició un programa de revisiones a las asociaciones civiles para asegurar que esas organizaciones no sean utilizadas indebidamente por organizaciones criminales, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones.
Otras de las actividades que realiza el SAT para vigilar el cumplimiento en materia de actividades vulnerables, es la actualización del padrón de quienes están obligados a presentar Avisos y está facultado para vigilar que estos se presenten en los plazos y términos establecidos, requerir dicha presentación cuando detecta omisiones y para aplicar sanciones por incumplimiento a dichas obligaciones.
Supervisar estas actividades permite combatir el financiamiento que alimenta el crimen organizado, tales como el narcotráfico, el robo, el secuestro, la extorsión y la obtención de recursos económicos que son utilizados como sustento de nuevas actividades ilícitas más organizadas.
Para el SAT es primordial la supervisión de las actividades relacionadas con las personas que realizan actividades vulnerables en términos de lo que dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita conocida como Ley Antilavado.
El SAT continuará ejerciendo sus facultades a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas para quienes realizan actividades vulnerables, con el objeto de realizar una asignación eficiente de los recursos dedicados a la prevención y combate al lavado de dinero.
Las organizaciones de la sociedad civil debemos ser conscientes y responsables en la confianza que nos otorga el marco normativo del país, y también de la sociedad y aquellos que alientan nuestra labor.
Una mayor transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones civiles, hecha por convicción propia y no desde la coerción legal, nos ayudará a demostrar nuestra madurez y propia visión de responsabilidad. Construir un sector de estas características nos dará legitimidad y sustento para colaborar con los legisladores en la creación de normativas que no entorpezcan y compliquen nuestra actividad, como ha sucedido en los últimos años a través del continuo incremento de cargas administrativas y requisitos fiscales.
En Confío visualizamos un tercer sector que implemente los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas que recomendamos y otros más que existen.
Aquellas organizaciones de reciente creación, y otras que ya cuentan con una mayor trayectoria, seguro encuentran retos en su implementación, aunque en su superación encontrarán parte de la fórmula para la sustentabilidad, credibilidad y cumplimiento de sus anhelos sociales.
Escrito por: Javier García