Al llegar al cierre del año, las organizaciones de todo tipo suelen llevar a cabo procesos de evaluación de sus programas y proyectos, tanto en los resultados operativos como financieros. Este balance permite a la 
dirección de la organización, conformado por su órgano de gobierno y las personas de cargos ejecutivos, contar con información para fortalecer las estrategias que se han definido para el logro de la misión y sus objetivos, lo que servirá para plasmar nuevas acciones, características y componentes en sus programas y/o proyectos del futuro.
Recientemente fue dado a conocer el Índice de Sostenibilidad de la Sociedad Civil 2020 para México, a cargo del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil, A.C. (CIESC), que incluye la evaluación de 7 parámetros relacionados al funcionamiento y entorno propicio de las actividades de la sociedad civil organizada: su entorno legal, la capacidad organizacional, la viabilidad financiera, la capacidad para influir en la creación de leyes, la generación de servicios, la infraestructura del sector y la imagen púbica.
Todas las variables medidas desde el 2018, salvo por la infraestructura del sector, fueron catalogadas como deterioradas por el panel de expertos que construye el índice. En un ritmo sostenido de deterioro se encontraron los aspectos regulatorios de las OSC, que inhiben su desarrollo, mientras que la variable de imagen pública, es la que más alejada está del estado deseable.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), que publica cada año en el Diario Oficial de la Federación el listado de organizaciones que son Donatarias Autorizadas para emitir recibos de donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
manifiesta en estos listados la disminución de donatarias autorizadas entre los años 2019 y 2020 y entre los años 2020 y 2021, pasando de 10,452 en 2019 a 9,673 OSC en 2021 con estatus de autorizada. De hecho, desde el año 2015 el sector se mantiene en el límite de las 10,000 donataria autorizadas, fluctuando hacia arriba y hacia debajo de esa cantidad, pero sin poder lograr un crecimiento sostenido por encima de ese umbral.
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pone de manifiesto que sólo un 8.8% de la población de 15 años en adelante confía mucho en las organizaciones sociales y el demás grupo poblacional, est
o es, el 91.2% confía algo, poco o nada en las organizaciones. No todo está perdido, el 42.6% de los encuestados dijeron confiar “algo” en las organizaciones sociales, sin embargo, la pregunta que nos debemos hacer con esta cifra que no parece ser tan mala, es: ¿basta que una persona perciba algo de confianza para que decida a donar o adherirse como voluntario a una organización?
Con este panorama, podemos concluir que no basta con que nuestro programa de trabajo del año entrante incluya únicamente los aspectos operativos y financieros que cíclicamente calculamos y proponemos, sino que debemos ser conscientes del entorno donde nos encontramos para poder ser proactivos en la incorporación de acciones que aseguren el cumplimiento de las normativas legales y dar visibilidad, con trasparencia, a los resultados e impactos que como organizaciones logramos a favor del desarrollo de nuestro país. En definitiva, hoy debemos planear nuestro futuro, reconociendo que la sustentabilidad del sector de OSC se logra cuando existe una responsabilidad compartida entre todos sus integrantes.
