Por: Miguel Ángel Hernández de Alba, Licenciado en Derecho por la UNAM, Especialista en Proceso Penal Acusatorio y Maestro en Estrategias Anticorrupción y Estado de Derecho Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade)
Parte de la realidad que vive la humanidad en este siglo XXI resulta ser que nos encontramos plenamente inmersos en una sociedad de riesgos, lo cual no es otra cosa más que la persistencia de la amenaza de llegar a sufrir un daño, ya sea en lo particular o en conjunto. En ese contexto que el fenómeno se coloque absolutamente dentro del tema de la seguridad pública, lo cual demanda la preocupación compartida de todos como comunidad, no a uno o solo algunos, sino la integridad de la especie humana. Seguramente, cualquier ciudadano de a pie le surgirán dos cuestionamientos retóricos: ¿qué acaso la seguridad pública no es atribución exclusiva del Estado? y ¿qué esto no es un deber que debe atender solo el gobierno? De esas dos peguntas podríamos enlazar una tercera básica: ¿Cómo el individuo, en su soledad, podrá afrontar los espantajos cotidianos y del uso indebido de la fuerza exterior por un agente criminal? Suena a una tarea imposible e interminable que los conciudadanos, en su individualidad y con sus recursos propios, no serían capaces de afrontar. Luego entonces, la deducción lógica sería pensar que solo el Estado legalmente constituido, a través de toda su infraestructura de gobierno y valiéndose de los cuerpos policiacos, los agentes de la procuración de justicia, los tribunales y, por qué no, hasta los elementos del ejército y fuerzas armadas, sería capaz de entender esa empresa de gran envergadura.
Es cierto, tiene toda la razón ese ciudadano de a pie, es el Estado, a través de los órganos de gobierno, quienes tienen que hacerse de esa responsabilidad en primerísimo término. Eso bajo la lectura regular de apreciar que es el gobierno el que manifiesta al Estado, pero ello no nos debe hacer perder de vista que el Estado no es solo el gobierno, en razón de que está formado, de acuerdo a la teoría clásica generalmente aceptada, también por el territorio y el pueblo. Este último elemento que se integra por la suma total de personas que conforman la ciudadanía –y, para efectos de la seguridad pública, quizás incluya hasta los no ciudadanos, esto es, a toda la población, con extranjeros y quienes no hayan logrado aún el grado de ciudadanía–. La seguridad de nuestras vidas, nuestra integridad corporal y personal, así como la de nuestro patrimonio y la de los nuestros, es un tema que a todos nos importa y, viceversa, nos atañe.
De ahí que todos estemos interesado en que prevalezca, sobre todas las cosas, un real Estado de Derecho, el cual cohíba, límite, aleje, reduzca y, si se puede, aniquile la amenaza de la inseguridad. Es resumidas cuentas, todos queremos caminar sobre un mundo donde nuestra paz interior y exterior sea la constante, todo lo contrario a vivir agazapados en nuestra trincheras internas, viviendo la angustia de que nos pueda pasar algo, ya sea en lo personal o en nuestro patrimonio o posesiones. Con base en esta primera aproximación sobre el tema de la seguridad pública, decantamos en una primera lógica material que nos conlleva a comprender como propia –aún que sea en parte— la importante atribución, función o tarea que implica la seguridad pública. Si todos queremos vivir seguros, entonces, construyamos juntos el Estado de Derecho. No dejemos abandonada esa función al gobierno, el cual –dicho sea de paso— no se bastaría por si solo a mantener la seguridad común, sobre todo en el mundo tan complejo que vivimos ahora.
Seguramente hasta este momento, conforme lo hemos planteado, solo hayamos logrado en nuestra imaginaria reproducir la amenaza que implican los denominados delitos de sangre (homicidio y lesiones), siendo que conforme a la lógica material que se obtiene por los sentidos nos lleven a pensar en un oficial de policía que, debidamente ataviado de si uniforme e insignias, tiene la tarea de impedir que un ladronzuelo, a través de la fuerza y mediante el uso de una arma, nos coloque en el peligro de perder la vida o la nuestra integridad corpórea. Eso es normal, pero cuando hablamos de seguridad pública, para efectos estamos hablando de cualquier conducta humana que vulnere el Estado de Derecho, ello con lo cual se vea afectado cualquier bien jurídicamente tutelado. En ese contexto vayamos al tema de nuestros derechos patrimoniales, tanto en lo particular, como en su conjunto, tales como la hacienda pública, el sistema financiero y la economía nacional. Ahora ya nuestra imaginaria nos puede llevar a considerar delitos como el fraude, el peculado, la desviación de recurso, la defraudación fiscal, el contrabando, la simulación de actos a través de la falsa facturación, el enriquecimiento ilícito y, también, el lavado de dinero.
Bajo esta perspectiva de delitos, particularmente los que llamamos delitos financieros, que seguramente, directa o indirectamente, nos generan un daño a todos como sociedad. En ese tenor que debamos preocuparnos todos por su realización, ya que esto nos genera un campo irregular e infértil para desarrollar nuestra existencia dentro de un ámbito económico. En este punto que ahora quepa pensar, más allá del ciudadano como individuo, en el noble funcionamiento de las empresas como generadoras de riqueza, lo que implica empleos y ganancias lícitas que nos permiten a todos transitar con tranquilidad por los senderos que cada quien elige. En ese contexto, no podemos quedarnos con la idea del agende de policía, ya entran otro tipo de personajes que, en representación del gobierno, se avocan a resguarda nuestra seguridad económica y patrimonial. En este campo que dejemos de lado el delincuente con un perfil antisocial, siendo indispensable que se trata ya de un perfil criminal social. En otras palabras, que el ciudadano de pie, quien bajo una debida vestimenta, cumpliendo en su arreglo personal con los cánones socialmente aceptado y cumpliendo generalmente las reglas de buen trato, en la clandestinidad se presta para lograr ciertos beneficios para sí mismo, sin recato en la afectación que prodiga a los demás, quizás porque estima eso casi no afecta a los demás o muy poco o porque, simplemente, no quiera reparar en el daño que causa a la generalidad, tanto a sus conciudadanos, a una empresa o a todo un país.
Aquí justo entra el tema de blanqueo de capitales, el cual debemos apuntar primero, proviene de la comisión de un delito precedente, desde el tráfico de narcóticos o el secuestro hasta la perpetración de un cohecho o peculado en el seno del servicio público. Es así que el dinero que fluye por los canales de economía formal, no obstante su origen, es en sí un acto permisivo que condecora la realización de acciones que implican el más alto daño a la sociedad, es decir, lo más execrable y que la sociedad rechaza. Pero por otro lado, el simple hecho de tolerar el ingreso de recursos sucios a las arcas del patrimonio de algunos cuantos delincuentes de cuello blanco, implica la existencia, en poca o gran medida, de facturas falsas o alienten la defraudación fiscal que afectan directamente la hacienda pública, lo que conlleva a que el gobierno cobre más impuestos a quien son ortodoxos en el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales. Y también veremos con sorpresa el enriquecimiento sin causa, incluso ilícito, de algunos cuantos, esto que no es exclusivo de malos gobernantes.
En conclusión, a la pregunta directa del por qué el gobierno no se avoca solo a combatir la delincuencia es por dos cosas fundamentales. Una, porque es una responsabilidad del Estado, es decir, es compartido el deber de cuidarnos como sociedad, tanto gobierno como pueblo, aunque siempre residirá la obligación principal en quienes ejercen la función de gobierno. Y dos, porque no puede el gobierno solo prevenir, inhibir y combatir por si solo el delito, sobre todo los de tipo financiero, mismos que no son fácil de identificar, tanto porque lo realiza personas que se escudan bajo su perfil social como que no son detectables a simple vista, siendo de delitos de eminente realización oculta. Quizás debamos agregar que quienes se prestan al lavado de dinero, varios que se encuentran dentro del sector financiero o cerca de él, generalmente tienen una alta preparación que les permite actuar con gran audacia e inteligencia. Porque no, agreguemos el uso de las nuevas e inusitadas tecnologías. Diríamos como colofón, toda empresa que pretende desarrollarse, crecer y tener éxito, siempre caminara junto al sector financiero, sino no es incluso que forma parte de él, siempre tendrá el riesgo o la amenaza de ser utiliza como instrumento del delito. Luego entonces, cada empresa que genera ingresos lícitos, es caldo de cultivo por algunos cuantos para el blanqueo de capitales. Es así que debemos cuidar a nuestras empresas, antes de que el gobierno se vea obligado a imponernos alguna tipo de sanción, como multas o clausuras, y ello de lo cual – no podemos ser ajenos— implique hasta la destrucción de nuestra fuente legítima de empleo e ingresos.
